El precio
Sobre el escenario que los científicos retiraron, y la administración que celebró la retirada.
A mi padre, que me dio el mar.

Tenía nueve años y la lancha se había quedado a la deriva en medio de las azules aguas del Golfo de Cariaco, en la costa de Sucre, en el oriente de Venezuela. Vacaciones de verano, una excursión familiar, el motor en silencio, el agua quieta. Entonces se acercó la ballena. No la vimos venir; la vimos llegar. Asomó la cabeza junto al bote, por curiosidad, y nos miró —me miró— directamente. El recuerdo es borroso, tan borroso como debió de ser su ojo al vernos, manchas pequeñas sobre la superficie. No sé cuánto duró. La conexión será eterna. En la memoria dura todavía.
Esos mismos días, otro gigante recorría el golfo. Jacques Cousteau había llegado con el Calypso, su barco científico, a explorar las aguas del Cariaco. Mi padre me llevaría a conocerlo, al puerto de Cumaná. Fue con Cousteau y allí cuando soñé que, de grande, sería biólogo marino. Aprendí a amar el mar, a navegar y a bucear. Me hice periodista.
En 2019, un grupo de economistas del Fondo Monetario Internacional calculó cuánto vale una ballena. Ralph Chami, Thomas Cosimano, Connel Fullenkamp y Sena Oztosun publicaron el cálculo en la revista del FMI: más de dos millones de dólares cada gran ballena, más de un billón el conjunto de las que aún viven. El método sumaba el carbono que una ballena secuestra en su cuerpo a lo largo de la vida —treinta y tres toneladas de CO₂, frente a las cuatro y media que un auto emite en un año—, el turismo que genera, los nutrientes que su excremento aporta al fitoplancton que captura más carbono todavía. Restaurar las poblaciones a su número anterior a la caza costaría, calcularon, unos trece dólares por persona al año. Chami lo dijo sin rodeos: le había entregado a los conservacionistas un argumento de grado armamentístico. Los números en dólares persuaden a los gobiernos donde la belleza de un animal fracasa.
Tuvimos que ponerle precio a la mirada del Golfo de Cariaco para que importara.
La ciencia que sostiene la cifra es honesta, sobre todo en lo que no afirma. El billón de dólares descansa sobre el supuesto de que las ballenas, restauradas, aumentarían la productividad del fitoplancton global entre uno y 2%. Sin embargo, no hay evidencia empírica que respalde ese supuesto; los autores no lo justifican. Cuando se descuenta la parte que sí se puede medir —el carbono que una ballena se lleva al fondo del mar cuando muere y se hunde—, el número se desploma.
Hannah Ritchie hizo las cuentas: aun restaurando las ballenas a sus poblaciones anteriores a la caza, ese secuestro equivaldría a entre seis diezmilésimas y cuatro milésimas de 1% de las emisiones globales. Apenas una mella. Un grupo de biólogos lo escribió el año pasado en Nature Climate Change con una frase que nombra el procedimiento: la carbonización de los animales como soluciones climáticas. Valoraciones infladas, reportajes selectivos, un enfoque estrecho en el carbono que distrae de lo único que reduce las emisiones, que es reducirlas junto con nuestra dependencia de los combustibles fósiles.
Los científicos vieron venir lo que vendría. Una solución natural, valuada y monetizada, se convierte en la promesa de que el océano absorberá lo que no dejamos de emitir. El mercado de créditos de carbono azul ya existe y crece hacia decenas de miles de millones. La infraestructura para vender a la ballena viva está construida. Falta poco para que alguien la venda. Y cuando alguien compre el carbono de una ballena para seguir quemando el suyo, la ballena habrá pasado de criatura a permiso.
Le pusimos precio para salvarla, como se le pone precio a un rehén. El precio se vuelve licencia para no salvar lo demás.
Este mes, mientras escribo, la administración Trump comenzó a desmantelar la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, un sistema de US$368 millones instalado hace una década para vigilar las profundidades. Este mes de junio zarpan los barcos a recoger más de novecientos instrumentos anclados frente a Oregón, Washington, Alaska, Carolina del Norte y el mar de Irminger, entre Groenlandia e Islandia.
Esos instrumentos medían, entre otras cosas, cómo el océano absorbe los gases de efecto invernadero de la atmósfera. La estación de Irminger seguía la corriente de vuelco del Atlántico, la cinta transportadora cuyo debilitamiento sería una catástrofe climática. Hilary Palevsky, de Boston College, llevaba una década usando esos datos para entender exactamente cuánto carbono absorbe el mar. Son los aparatos que ahora arrancarán del fondo.
El consuelo dice que el océano nos salvará capturando el carbono que emitimos. La misma mano que podría cobrar ese consuelo apaga los ojos que vigilaban si era cierto. No hace falta el carbono medido cuando se ha decidido no medirlo. El Congreso había restituido dos veces el presupuesto —US$48 millones al año, una cifra menor frente al valor de lo que medía— y dos veces la administración volvió a intentar el cierre. Es el mismo gesto del laboratorio climático de Colorado, el mismo del escenario que se celebró retirar: desmantelar no la verdad, sino la capacidad de comprobarla.
Y mientras tanto, matamos a las ballenas que valen un billón. Este año, cuarenta aniversario de la moratoria que en 1986 la salvó de desaparecer, Noruega elevó su cuota de caza de minke a mil seiscientas cuarenta y una, la más alta en años, con el argumento de que la población se recuperó. La recuperación —el éxito de una conquista conservacionista— se ofrece como razón para deshacerla. Sus propios científicos publicaron en 2025 que las ballenas vivas fertilizan el mar y aumentan su productividad hasta en un 10%. El gobierno subió la cuota igual, envuelta en el idioma de la sostenibilidad. La ballena muerta vale como afirmación de soberanía de una industria que ya casi nadie necesita.
Toda la captura noruega de un año vale, en el mercado, dos o tres millones de dólares (lo que el Fondo Monetario calcula que vale una sola ballena viva). Y aun así, la industria pierde dinero: la sostienen subsidios, campañas dirigidas a turistas para que consuman una carne que no gusta tanto a los humanos y termina como alimento para perros. La ballena viva vale un billón en el papel de un economista. La ballena muerta no vale ni lo que cuesta matarla.
Este es el cuarto caso que examino en una serie que he llamado economía política de la consolación, y conviene decir qué es el patrón y qué no es. Cuatro veces lo mismo: un catálogo, un óvulo, una curva, un precio.
Cada vez un trabajo científico honesto entra al mundo y el poder lo digiere y lo devuelve convertido en permiso, para desmantelar una protección o para evadir una que aún no existe.
Se trata de una estrategia más fina que el burdo negacionismo. Pero el modelo no lo explica todo —hay territorios donde no hay conquista previa que revertir, y allí el mecanismo cambia de forma y pide otra investigación—. Pero donde hay una conquista que defender, el consuelo aprende a usarla en su contra.
La ballena del Golfo de Cariaco asomó la cabeza para mirarnos sin saber que un día valdría dos millones de dólares. Yo la miré sin saber que crecería para ver cómo había que ponerle precio a esa mirada para defenderla, y cómo el precio se volvería, también, otra manera de tomarla.
No necesitaba valer nada para merecer el mar. El precio lo pusimos nosotros. Y los instrumentos que iban a decirnos si el precio era verdad están a punto de salir del agua.





