Alguien en la Embajada de Estados Unidos en Caracas se sentó a escribir lo que los venezolanos decían en internet. Anotó que la mayoría leía las palabras de Rubio como control de daños. Anotó que sospechaban que el arreglo petrolero enriquece a los de siempre. Era un informe corto, interno, sin destinatario público. Circuló unas horas. Después lo borraron.
No sé si fue cobardía o rutina (las dos cosas se parecen bastante cuando hay un cable de por medio).
Un venezolano reconoce el gesto sin que se lo expliquen. Llevamos veintisiete años viendo cómo se redacta y se desdice el país: actas que aparecen, actas que nunca aparecieron, cifras que el Banco Central publica cuando conviene y guarda cuando no. Lo nuevo no es el borrado sino quién sostiene ahora el borrador.
En febrero, una encuesta puso a Marco Rubio como la figura política más popular de Venezuela. Por delante de María Corina Machado. Un secretario de Estado extranjero encabezando el afecto político de un país que no es el suyo. Eso no es una encuesta: es un electorado buscando la urna a tientas. En julio ya había bajado y Machado y Edmundo González lo habían pasado. Un economista de Caracas lo llamó “dilución”.
A los venezolanos no se les permite votar. Se les encuesta. La distancia es del cielo a la tierra.
Una colonia sin metrópoli es el arreglo más barato: la renta sin la responsabilidad.
Venezuela es hoy una colonia sin metrópoli. El imperio se quedó con la renta y devolvió el gobierno: se negó a asumir las consecuencias de un cambio de régimen y propició que la dictadura se reinventara en satrapía. No hay virrey con despacho ni presupuesto colonial ni la vieja mentira civilizatoria, que al menos obligaba a rendir cuentas ante un parlamento y a inventar un pretexto moral. Hay una concesión. El colonialismo del siglo pasado simulaba un deber. Este no simula nada.
La empresa que operará los diecisiete campos se registró en Barbados en 2024. Dos años de vida. Se le garantizaron cien. Washington dijo cien. Delcy Rodríguez dijo veinticinco. El mismo contrato dura cuatro generaciones en un país y una hipoteca en el otro.
A la presidenta Rodríguez la sostiene Donald Trump como “encargada”, y la palabra misma advierte que el poder está prestado: un régimen provisional que nadie eligió comprometió el subsuelo de los venezolanos que todavía no han nacido. Al Departamento de Defensa le regalan un tercio de la empresa sin que ponga capital, con derecho a comprar “al costo” una quinta parte de lo que salga. Nadie licitó. Nadie auditó. Nadie pidió siquiera una hoja de parra a la Asamblea, que de todos modos habría dicho sí. El país que le enseñó al mundo a repartir mitad y mitad firmó por dieciséis, cuarenta en el mejor de los casos.
Trump dice que los beneficiarios serán los venezolanos y los americanos. Dos gentilicios sin lista. El único beneficiario con nombre propio lleva una década investigado en Suiza y en España, y tampoco se sabe cuánto tendrá que poner el contribuyente americano para que ese nombre produzca. Nadie ha dicho a dónde va el dinero de las ventas de este año.
Un beneficiario que no puede nombrarse es una coartada.
La chavista Iris Varela ya explicó que el acuerdo puede revocarse porque se firmó bajo coacción. Tiene razón en el derecho y miente en la intención: el chavismo que arruinó la industria está guardando el argumento con el que algún día volverá a expropiarla. El contrato viene con su propia anulación adentro. Y en julio, mientras se anunciaba el mayor acuerdo petrolero de la historia, la inflación de un solo mes fue de 19,9%.
El único documento veraz que ha producido este arreglo duró unas horas en una red interna. Lo escribieron ellos. Lo borraron ellos.